La Suprema Corte de Justicia de México desestimó el martes las acciones para frenar la reforma judicial, ya que no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declararla inconstitucional. Con una mayoría de siete votos, el proyecto de sentencia que buscaba invalidar partes de la reforma y suspender la elección popular de jueces fue rechazado, permitiendo que el gobierno avance con la reestructuración del poder judicial.
En un comunicado, la Corte explicó que la decisión “no implica que se haga pronunciamiento alguno sobre la validez de la reforma”. La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta oposición de partidos y colectivos judiciales que la consideran una amenaza a la independencia de poderes.
La reforma propone, entre otros aspectos, la elección popular de jueces en 2025 y 2027 y la extinción de fideicomisos judiciales. Ante esta situación, jueces y trabajadores se manifestaron en la Ciudad de México, expresando su preocupación por la posible pérdida de independencia judicial. “Estamos defendiendo la democracia”, comentó René Hernández, un estudiante de derecho.
La reforma fue presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara e incluía la remoción de jueces y magistrados antes de la renovación. Los puntos clave abarcan la elección de magistrados del Tribunal Disciplinario y la creación de un nuevo órgano administrativo, aunque la elección de jueces por voto popular es uno de los aspectos más controvertidos.
Sheinbaum sostuvo que no cederá en “lo que ha decidido el pueblo” y que los ministros “no pueden estar por encima de la voz popular”. Para blindar la reforma, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la semana pasada una medida para impedir que los cambios puedan ser detenidos por los tribunales.
El rechazo a esta reforma también ha llegado desde el extranjero. Especialistas y gobiernos de Estados Unidos y Canadá han advertido sobre el riesgo para la independencia judicial. Los críticos sostienen que la elección popular podría permitir la influencia de actores políticos en el sistema de justicia.
Con la decisión de la Corte, el camino queda libre para la implementación de la reforma. La sesión en el Senado también dejó la renuncia de ocho ministros, quienes dejarán sus cargos en agosto de 2025, en cumplimiento de la reforma que exige la renuncia de quienes no participen en las elecciones judiciales.
Mientras tanto, los ministros Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Ortiz, afines al gobierno, se mantendrán en sus cargos y han confirmado su participación en los próximos comicios judiciales, donde se definirá el nuevo rumbo del poder judicial en México.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
