La Fiscalía de Perú ha pedido una condena de 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir sobornos en su periodo como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) para adjudicar dos importantes proyectos de infraestructura. La acusación detalla que Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles (621.000 dólares) para favorecer a las empresas Obrainsa e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) en las licitaciones del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.
El fiscal anticorrupción Germán Juárez explicó ante el tribunal que la condena se desglosa en 6 años por el caso de Lomas de Ilo y 9 años por el del hospital, debido a que ambos hechos configuran un “concurso real” de delitos. Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía ha solicitado la inhabilitación del exmandatario para ejercer cargos públicos durante un periodo de 9 años. Según Juárez, el Ministerio Público demostrará “más allá de toda duda razonable” que Vizcarra se benefició económicamente de estas adjudicaciones, apoyándose en pruebas documentales y testimonios de colaboradores eficaces.
Primera audiencia
En la primera audiencia del juicio oral, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, solicitó sin éxito la nulidad del proceso, argumentando presuntas irregularidades en la citación judicial. La jueza Fernanda Ayasta, quien preside el tribunal, desestimó este recurso, y la defensa anunció que presentará una apelación. Vizcarra, quien también asistió a la audiencia, declaró a los medios que las acusaciones en su contra carecen de “base y fundamento” y denunció que es víctima de una “persecución política”.
El caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua fueron adjudicados durante el mandato de Vizcarra como gobernador regional mediante un proceso gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Sin embargo, la Fiscalía argumenta que el exgobernador habría solicitado beneficios a cambio de no objetar las adjudicaciones. Las investigaciones se apoyan en testimonios de empresarios que, en calidad de colaboradores eficaces, detallaron presuntas reuniones y pagos ilícitos.
Este proceso contra Vizcarra se suma a una serie de juicios por corrupción que enfrentan exmandatarios peruanos. A lo largo de las últimas dos décadas, varios expresidentes han sido procesados o condenados por casos de corrupción en obras públicas, entre ellos Alejandro Toledo, recientemente extraditado y condenado por lavado de activos y colusión, y Alberto Fujimori, quien recibió una condena de 25 años en 2009 y fue liberado en 2023 por un polémico indulto. La situación refleja la profunda crisis de corrupción que afecta a la clase política del país, especialmente en lo que respecta a la adjudicación de contratos públicos.
La Fiscalía estima que el proceso judicial contra Vizcarra podría extenderse por al menos cuatro meses debido a la magnitud de las pruebas y el número de testimonios previstos.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
