República Dominicana ha adoptado oficialmente una nueva Constitución, modificada bajo la administración del presidente Luis Abinader, quien impulsó los cambios con el objetivo de reformar el sistema político y administrativo del país. La Asamblea Nacional Revisora proclamó la nueva Carta Magna en una ceremonia solemne, a la cual asistieron altos cargos del gobierno, y miembros de la Asamblea Nacional, aunque notablemente se registró la ausencia de legisladores de la oposición, quienes mostraron desacuerdo con el proceso de modificación.
Legisladores opositores expresaron su preocupación por la rapidez con que se llevaron a cabo las modificaciones, lo que, en su opinión, impidió un debate amplio y participativo. Sin embargo, el gobierno defendió el proceso como una respuesta necesaria para fortalecer las instituciones y garantizar la estabilidad del sistema democrático.
Entre las disposiciones más destacadas de esta cuadragésima modificación a la Constitución dominicana se encuentra la limitación de la reelección presidencial, restableciendo la prohibición de que un mandatario pueda presentarse nuevamente después de dos períodos consecutivos.
La reforma también establece la unificación de los procesos electorales. A partir del año 2032, todos los comicios se celebrarán el mismo día cada cuatro años. Esta medida busca reducir costos electorales y evitar el desgaste de mantener el país en un estado de campaña electoral permanente, una situación que había generado críticas desde varios sectores.
Reducción del número de diputados y modificaciones judiciales
Otra medida de relevancia es la reducción del número de diputados, que pasará de 190 a 170 a partir de las elecciones de 2032, con el fin de disminuir los costos asociados a la Cámara Baja, especialmente en cuanto a salarios y otros privilegios. Este cambio busca responder a reclamos populares de racionalización del gasto público.
En cuanto al ámbito judicial, la nueva Constitución establece cambios en la designación del Procurador General de la República (PGR). En adelante, el procurador será propuesto por el presidente, pero su designación final estará en manos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo cual se interpreta como un avance hacia una mayor independencia del Ministerio Público. Asimismo, se establece que el presidente del Tribunal Constitucional ocupará el lugar del procurador en el CNM, reforzando la separación de poderes.
Esta reforma histórica, que marca el cambio número 40 en la Constitución desde su creación en 1854, es vista por el gobierno como un avance crucial hacia una República Dominicana más justa y equitativa. Para garantizar que estas reformas se mantengan a largo plazo, el presidente subrayó la importancia de que el Congreso establezca una ley que requiera referendos para futuras modificaciones, un aspecto que hasta ahora no se había implementado y que podría aportar estabilidad y durabilidad a la Carta Magna.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
