El gobierno de República Dominicana anunció un plan de deportaciones masivas, con el objetivo de expulsar hasta 10.000 haitianos indocumentados por semana. Esta medida, anunciada por el portavoz gubernamental Homero Figueroa, surge en respuesta al “exceso” de migrantes haitianos en el país, exacerbado por la persistente crisis de violencia en Haití y el fracaso de la misión internacional respaldada por la ONU para combatir las pandillas en ese país.
República Dominicana, que comparte la isla caribeña de La Española con Haití, ha sido testigo de un aumento en la llegada de migrantes haitianos en los últimos meses. Solo en 2023, más de 250.000 haitianos han sido deportados del país, y en el primer semestre de este año, más de 67.000 fueron expulsados.
Figueroa también anunció que se fortalecerá la vigilancia y el control fronterizo, aunque no ofreció detalles específicos sobre las medidas adicionales que se implementarán. La decisión se produce una semana después de que el presidente dominicano, Luis Abinader, advirtiera en la Asamblea General de la ONU que tomaría “medidas drásticas” si la misión internacional en Haití no lograba estabilizar el país.
Críticas y repercusiones
Las políticas migratorias del presidente Abinader han sido duramente criticadas por activistas que denuncian violaciones de los derechos humanos de los migrantes haitianos y de sus descendientes en la República Dominicana. Abinader, sin embargo, ha negado que su gobierno incurra en maltratos, y ha argumentado que las medidas son necesarias para proteger la seguridad y la economía del país.
Actualmente, se estima que más de medio millón de haitianos viven en la República Dominicana, muchos de ellos en condiciones irregulares. El presidente ha señalado que el costo de los servicios públicos destinados a los inmigrantes, especialmente en áreas como la salud y la educación, ha generado una “carga económica” para el país. En 2023, el 12% de los servicios médicos ofrecidos por el sistema de salud pública dominicano fueron destinados a inmigrantes haitianos.
Entre las nuevas medidas anunciadas, se incluye el despliegue de más personal y equipos especializados en la frontera, incluyendo el uso de cámaras y drones para mejorar el control migratorio. El gobierno también ha ampliado la construcción de un muro fronterizo de 164 kilómetros para frenar el flujo migratorio, una iniciativa que el presidente Abinader ha impulsado desde su llegada al poder en 2020.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el creciente número de deportaciones forzosas, especialmente en medio de la crisis humanitaria en Haití, donde las pandillas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y la violencia ha desplazado a cientos de miles de personas.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
