El Congreso de Perú aprobó el jueves una ley que establece un plazo de prescripción para los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una decisión que organizaciones de derechos humanos han advertido que podría alentar la impunidad y frustrar las investigaciones sobre abusos graves.
La nueva ley, impulsada por el partido derechista Fuerza Popular (FP), liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, establece que “nadie será procesado, condenado o sancionado por crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002”. Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado en 2009 por cargos de violaciones a los derechos humanos, siendo acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de 25 peruanos mientras el gobierno luchaba contra los rebeldes comunistas de Sendero Luminoso.
Según la Fiscalía peruana, la legislación impactará directamente a 550 víctimas y 600 casos, incluyendo investigaciones y procesos judiciales que serían archivados o sobreseídos por prescripción. La ley, aprobada inicialmente en junio, necesitaba una segunda votación que tuvo lugar el jueves.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, tiene la opción de promulgar la ley o devolverla al Congreso con más recomendaciones. Hasta el momento, Boluarte no ha indicado cuál será su decisión.
¿Quién apoyó la ley?
Varios legisladores, que fueron militares y personal de la marina durante el conflicto armado interno, apoyaron la ley. La aprobación de la legislación también podría beneficiar a militares retirados acusados —o incluso condenados— por crímenes cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto que dejó miles de víctimas.
A principios de este año, el ex jefe de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos, colaborador cercano de Fujimori, fue sentenciado a 19 años y ocho meses de prisión en relación con la masacre de 1992. Según una comisión de la verdad que estudió el período del conflicto, las víctimas fueron en su mayoría indígenas atrapados en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros del grupo rebelde Sendero Luminoso. La comisión estima que el conflicto mató a 70.000 personas.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan observando de cerca la situación en Perú, preocupadas por las posibles implicaciones de esta ley en el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes del pasado.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
