El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora es arbitraria. Zamora, ex presidente del medio El Periódico, ha estado en prisión sin condena durante casi dos años, y su caso es visto como parte de un patrón de criminalización contra quienes trabajan en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
José Rubén Zamora, conocido por su papel en El Periódico, publicó numerosos informes sobre corrupción durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024). Según el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, El Periódico hizo 144 denuncias de corrupción contra la administración de Giammattei, ninguna de las cuales ha sido investigada por la Fiscalía General, dirigida por Consuelo Porras.
La orden de arresto de Zamora fue emitida por el juez Fredy Orellana, asociado con la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que defiende a acusados de corrupción y exmilitares señalados por crímenes de guerra. Esta organización es querellante en la investigación contra Zamora.
Violaciones de Derechos Humanos
El Grupo de Trabajo de la ONU señaló varias violaciones de derechos en el caso de Zamora. El periodista fue arrestado el 29 de julio de 2022 sin una orden de aprehensión. Además, hubo un retraso de cuatro días en ponerlo a disposición de un juez, superando el límite de 48 horas establecido por el Comité de Derechos Humanos. Estas acciones violan tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Grupo de Trabajo de la ONU pidió al gobierno de Guatemala que libere inmediatamente a Zamora y le otorgue el derecho a una indemnización. También recomendó una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de su detención y que se tomen medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.
Zamora fue acusado de solicitar a Ronald Navarijo, también acusado de corrupción, que depositara 38,000 dólares de un donante para pagos de El Periódico. En lugar de realizar la transacción, Navarijo denunció a Zamora, alegando que el dinero provenía de chantajes. Durante el juicio, el juez Orellana no permitió que Zamora presentara pruebas a su favor, lo que llevó a su condena a seis años de prisión, posteriormente anulada.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado a Consuelo Porras, Fredy Orellana y miembros de la Fundación Contra el Terrorismo, prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar el Estado de Derecho en Guatemala, así como por autorizar cargos judiciales sin fundamento y con motivaciones políticas.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
